La vacunación obligatoria contra el coronavirus que anunció Austria generó un debate entre otros Gobiernos sobre la posibilidad de adoptar una medida similar ante el aumento de casos y renovó las protestas de diversos grupos que se oponen a las restricciones sanitarias.
Aunque varios países imponen un certificado o pasaporte Covid para ingresar a espacios públicos y la obligatoriedad de inmunizarse para trabajadores más expuestos al virus, como el caso del personal sanitario, pocos ordenaron que todos los mayores de 18 deban tener sí o sí la inyección.
Austria anunció que esta medida regirá a partir de febrero y se convirtió en el primer Estado de la Unión Europea (UE) en adoptar acciones tan drásticas para frenar el rebrote de contagios que golpea a todo el continente.
«No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune», justificó el canciller, Alexander Schallenberg, en una conferencia de prensa en la que explicó que las unidades de terapia intensiva están en una situación crítica.
La obligatoriedad de la inoculación a nivel nacional también se da en dos países de Asia central: Tayikistán y Turkmenistán. Este último uno de los pocos que oficialmente no declaró ningún contagio de Covid-19.
También en Indonesia, pero sólo en teoría, porque en la realidad no hay dosis suficientes para cubrir a toda su población que supera los 275 millones de personas.
En el Vaticano, una nota de febrero de 2021 hacía imperativo el inmunizante para todos los habitantes y trabajadores del Estado más pequeño del mundo.
Por el contrario, múltiples países sí ordenaron que ciertos profesionales tengan que estar vacunados por la exposición que supone sus tareas.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el 9 de septiembre la inoculación obligatoria para unos 100 millones de trabajadores, funcionarios del Gobierno federal y empleados del sector privado. Pero la Justicia suspendió el 6 de noviembre el protocolo para los empleados de empresas de más de 100 empleados.
No fue el único caso en el que la Justicia bloqueó este tipo de acciones: en Eslovenia, el Tribunal Constitucional suspendió un decreto que obligaba a los trabajadores del sector público a inocularse.
Medidas similares rigen en varios países europeos y fuera de ese continente, como el caso de Guinea Ecuatorial, donde deben vacunarse todos los funcionarios, estudiantes y cualquier persona que efectúe físicamente un trámite en la administración pública.
Pero el caso de Austria generó el debate de avanzar más allá y hacer obligatoria la vacunación a toda la población adulta, aunque los fármacos que hoy se administran de forma masiva tienen una autorización de emergencia por la celeridad con la que se realizaron los ensayos clínicos en medio de la pandemia.
El ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Alemania, Heiko Maas, manifestó su oposición a adoptar una medida similar a la de sus vecinos, misma postura que tomó rápidamente República Checa.
El Gobierno de Italia no se pronunció sobre esto, pero sí indicó que evalúa extender la obligatoriedad actual e incluir a todas las personas que trabajen «en contacto con el público», como por ejemplo las fuerzas de seguridad que hasta hoy están exentas.
Más allá de las imposiciones de varios Gobiernos, hay grandes empresas que exigen a todos o a parte de sus empleados un certificado que demuestre que recibieron la inyección.
En Estados Unidos, es el caso de las farmacias CVS, la petrolera Chevron, Disney o el banco Goldman Sachs o, en Australia, la compañía aérea Qantas, ordenó que todo su personal esté inoculado contra el Covid-19.
En otros países, la vacuna no es obligatoria pero las restricciones para los que no la recibieron son muy disuasivas.
En República Dominicana, desde el 18 de octubre es necesario estar inmunizado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público.
También en Arabia Saudita, es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados, y para el transporte.
Y en Italia, el personal de los centros escolares y universitarios, así como los estudiantes, tienen que presentar una prueba negativo cada dos días si no están vacunados.
Todas estas medidas encienden las protestas de los grupos que se oponen a las medidas sanitarias y que este sábado surgieron desde Australia a las Antillas francesas pasando por ciudades europeas.
Una de las manifestaciones, con 40 mil personas, ocurrió en Viena, en contra del confinamiento y la vacunación obligatoria anunciada por el gobierno austríaco para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus.
El organizador de la protesta fue el partido de extrema derecha FPO, pero su líder, Herbert Kickl, no acudió por estar contagiado con Covid-19.
Con pancartas denunciando «la corona-dictadura» y eslóganes como «no a la división de la sociedad», la multitud se reunió en el corazón de la capital austríaca, cerca de la Cancillería.
La protesta se desarrolló bajo fuerte vigilancia policial, ya que las fuerzas temían la llegada de hinchas violentos, militantes neonazis y del movimiento identitario, de extrema derecha.
En Rotterdam, en el suroeste de Países Bajos, una manifestación contra las restricciones adoptadas para frenar el virus terminó en graves disturbios, con vehículos incendiados y personas heridas, lo que llevó a suspender una marcha similar prevista en Ámsterdam.
En Australia, 10.000 personas se manifestaron en Sídney en rechazo a la vacunación y un grupo más pequeño también se movilizó bajo la misma consigna en Melbourne.
Del otro lado del Atlántico, un grupo de sindicatos y de organizaciones ciudadanas se moviliza desde hace cuatro días contra el pase sanitario y la vacunación obligatoria del personal sanitario en Guadalupe, una de las dos principales islas de las Antillas francesas.
